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Audiencia suspendida por el caso Castro: la Justicia revisará un planteo clave de la defensa

El proceso para imputar al intendente de Angaco y a tres concejales quedó en pausa hasta que otro juez analice la validez de una ordenanza que podría extinguir la acción penal.

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La Justicia de San Juan resolvió suspender la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal buscaba imputar al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales, a la espera de que se revise un planteo presentado por la defensa.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi, quien concedió una impugnación y dispuso un cuarto intermedio hasta que otro magistrado determine si corresponde avanzar con el proceso. De esta manera, la formalización de la investigación penal quedó momentáneamente sin efecto.

Durante la audiencia, el magistrado había rechazado en primera instancia los argumentos defensivos, que cuestionaban la competencia del fuero penal y señalaban la existencia de una cuestión previa vinculada a la validez de una ordenanza del Concejo Deliberante de Angaco. Sin embargo, tras la insistencia del abogado defensor Marcelo Fernández, quien formalizó la impugnación, el juez decidió habilitar la revisión.

Desde la Fiscalía de Delitos Especiales, el fiscal Francisco Nicolía se opuso al recurso y solicitó continuar con la audiencia para avanzar con la imputación, aunque su planteo no prosperó.

La ordenanza en discusión
El eje del conflicto radica en una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Angaco que proponía un mecanismo de reparación económica para el intendente. La iniciativa contemplaba el pago de 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de resarcimiento, con el objetivo de cerrar el proceso penal.

Para la fiscalía, este tipo de acuerdo no es aplicable en casos de presunto peculado y podría constituir una interferencia en la investigación judicial, además de vulnerar el principio de división de poderes.

En este contexto, Castro enfrenta cargos por presunto abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López están acusados de abuso de autoridad y encubrimiento.

El origen de la causa
El expediente se inició en 2019 tras una denuncia que investiga el presunto uso de maquinaria y personal municipal en un terreno privado en Chimbas. Por ese hecho, el intendente fue acusado de malversación de caudales públicos.

El juicio oral estaba previsto para el 23 de febrero de 2026, pero fue suspendido hasta que se resuelva la validez del acuerdo impulsado por el Concejo Deliberante.

El tribunal, integrado por Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo, donde se definirá si el proceso judicial continúa o si la ordenanza puede tener efectos legales.

Hasta entonces, la causa vinculada a la polémica normativa permanecerá en suspenso.

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