EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

Absuelven al excomisario Padilla y a otros dos policías por el caso de autopartes en el Depósito Judicial de 9 de Julio

El juez dictó el fallo por el beneficio de la duda tras casi siete años de investigación

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El exjefe policial Gustavo Padilla, junto a Néstor Gómez y Ulises Chirino, fueron desligados de responsabilidad penal. La Fiscalía aún puede apelar la resolución.

Una causa judicial que se extendió durante casi siete años llegó a su cierre este miércoles 18 de marzo de 2026 con la absolución del excomisario Gustavo Padilla y de los policías Néstor Gómez y Ulises Chirino. El juez Víctor Hugo Muñoz Carpino resolvió aplicar el beneficio de la duda al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los imputados en el presunto robo de autopartes del Depósito Judicial de 9 de Julio.

Durante la etapa de alegatos, realizada el viernes pasado, la Fiscalía —representada por la doctora Silvina Gerarduzzi— había solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso para Padilla, acusado de peculado y otras maniobras irregulares. En el caso de Gómez, la calificación fue modificada a encubrimiento, con un pedido de un año de prisión condicional, mientras que para Chirino se requirió la absolución al considerar que no tuvo participación directa en los hechos investigados.

Por su parte, la defensa de los tres acusados, encabezada por el abogado Gustavo Sánchez, sostuvo que no se logró comprobar la existencia de un accionar delictivo, por lo que pidió la absolución.

Finalmente, el magistrado coincidió con este planteo y resolvió absolver a los imputados ante la falta de pruebas concluyentes. De este modo, Padilla, quien se desempeñaba como encargado del predio vehicular, quedó desvinculado de esta causa, aunque el fallo aún no está firme y puede ser apelado por el Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que el excomisario ya había sido condenado en 2021 en un expediente distinto, cuando la Justicia lo halló culpable de utilizar para fines personales una camioneta Toyota Hilux incautada, lo que derivó en una pena de seis meses de prisión condicional por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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