El gobernador de San Juan se suma a la ofensiva legal iniciada por otros mandatarios provinciales. Exige una rectificación en 24 horas bajo apercibimiento de demandar por daños y perjuicios, calumnias e injurias.

SAN JUAN. – El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decidió judicializar el conflicto tras las acusaciones vertidas en el programa “Telenueve Denuncia”. A través de sus representantes legales, el mandatario inició acciones civiles por daños y perjuicios, fundamentadas en lo que considera una campaña de desprestigio basada en información «falsa, injuriante y sin sustento verificable».

La intimación

Orrego envió cartas documento dirigidas al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre. En la misiva, los intima a que, en un plazo perentorio de 24 horas, procedan a la rectificación pública de sus dichos o, en su defecto, ratifiquen las afirmaciones aportando las pruebas correspondientes.

Según consta en la presentación, el gobernador advierte que se le han atribuido “hechos ilícitos de extrema gravedad”. Para Orrego, el programa utilizó expresiones “manifiestamente inexactas y carentes de sustento fáctico” que fueron presentadas como hechos ciertos, lo cual excede los límites constitucionales de la libertad de expresión y lesiona directamente su honor y buen nombre.

Un frente judicial de gobernadores

La decisión de Orrego no es un hecho aislado. Se da en un contexto de creciente tensión entre varios ejecutivos provinciales y el mismo ciclo periodístico. Con esta medida, el sanjuanino se suma a sus pares Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes ya han avanzado con acciones legales contra Méndez.

Asimismo, la inquietud se extiende a otros distritos. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis) se encuentran analizando presentaciones similares ante situaciones de igual tenor.

Defensa de la institucionalidad

Desde el entorno del Gobierno de San Juan fueron tajantes respecto a la gravedad del asunto: “La imputación pública de delitos sin pruebas constituye una conducta ilegítima que afecta la institucionalidad y no puede ser tolerada”.

De no mediar una respuesta satisfactoria en los plazos legales establecidos, el gobernador Orrego avanzará no solo con la demanda civil por el daño causado, sino también con las querellas penales por calumnias e injurias correspondientes.