INCERTIDUMBRE EN SAN JUAN POR EL CIERRE DE LA SEDE DE LA AGENCIA TERRITORIAL
El ajuste fiscal del Gobierno Nacional impacta de lleno en la infraestructura estatal de San Juan. En las últimas horas, se conoció que la Agencia Territorial —dependencia clave del Ministerio de Capital Humano— dejaría de funcionar en su edificio de calle Santa Fe y Jujuy tras suspenderse el pago del alquiler. La medida obliga a sus empleados a migrar hacia el trabajo remoto, sembrando dudas sobre la operatividad de sus funciones.
Para las casi 30 familias que integran el organismo, la noticia llegó acompañada de una mudanza forzada sin destino confirmado, lo que profundiza el clima de inestabilidad laboral en el sector público nacional con sede en la provincia.
EL ESTADO SE RETIRA DEL TERRITORIO
La Agencia Territorial cumple un rol fundamental en el tejido laboral sanjuanino, actuando como el brazo ejecutor de programas de empleo y fiscalización. El paso a la modalidad virtual pone en riesgo áreas sensibles:
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Fiscalización laboral: La labor de los inspectores, encargados de controlar el trabajo en negro y las condiciones de seguridad en sectores como el transporte, se ve seriamente limitada sin una base operativa física.
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Políticas de empleo: La gestión de programas como «Volver al Trabajo» y las capacitaciones de oficio pierden el contacto directo con los ciudadanos que no tienen acceso a herramientas digitales.
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Control del trabajo infantil: Las oficinas centrales funcionaban como receptoras de denuncias y centro de articulación para la erradicación de la explotación de menores.
EFICIENCIA O DESMANTELAMIENTO
Desde la administración central de Javier Milei, el argumento principal es el ahorro de recursos mediante la eliminación de estructuras físicas prescindibles. Sin embargo, en San Juan, la preocupación radica en que este «achique» se convierta en una disolución de los servicios que el Estado debe garantizar en el interior del país.
Sin definiciones claras sobre una nueva sede y con el personal trabajando desde sus hogares, la Agencia Territorial queda reducida a una mínima expresión. El escenario refleja una tendencia que ya se replica en otras provincias y que marca el inicio de una nueva etapa de menor presencia estatal en el control y la promoción del empleo genuino.
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