Branka Motors: revocaron el acuerdo y los acusados volverán al Penal de Chimbas
La Justicia anuló el beneficio tras el incumplimiento del pago a las 352 víctimas de la megaestafa. Los tres imputados cumplirán cinco meses de prisión preventiva mientras avanza la causa.
La causa Branka Motors sumó este viernes un nuevo y contundente capítulo judicial. La jueza de Garantías, Carolina Parra, resolvió revocar el acuerdo de reparación integral que había permitido a los acusados continuar en libertad y ordenó que los tres imputados regresen al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir cinco meses de prisión preventiva.
La decisión se conoció luego del planteo realizado por el fiscal Guillermo Heredia, quien solicitó anular el beneficio al comprobarse que no se abonó la primera cuota del acuerdo económico pactado con los damnificados.
Los acusados, Alexis Marcó, Jonathan Marcó y Facundo Banega, habían asumido el compromiso de devolver cerca de 524 millones de pesos a 352 víctimas de la presunta estafa mediante un plan de pagos dividido en cinco cuotas. Sin embargo, el depósito que debía concretarse el pasado 25 de abril nunca se realizó.
Desde la fiscalía sostuvieron que el incumplimiento dejó en evidencia la falta de voluntad real de reparación, motivo por el cual pidieron la inmediata detención de los imputados y su traslado nuevamente al Penal de Chimbas.
La abogada querellante, Fabiana Salinas, había manifestado días atrás la preocupación y el malestar de las familias afectadas, quienes esperaban recuperar parte del dinero entregado a la firma.
Cómo comenzó la causa
El escándalo de Branka Motors salió a la luz el 16 de febrero de 2026, luego de un incidente registrado en el local ubicado en avenida Rioja y 25 de Mayo. A partir de ese episodio comenzaron a multiplicarse las denuncias de clientes que aseguraban haber pagado importantes sumas de dinero por motocicletas que nunca fueron entregadas.
Según la investigación judicial, la firma ofrecía motos a valores promocionales y planes de financiación accesibles para captar compradores. Los clientes abonaban adelantos o incluso el total de las unidades, pero los vehículos jamás eran entregados dentro de los plazos acordados.
Con el avance de la causa, se acumularon más de 340 denuncias y también intervino Defensa al Consumidor, que aplicó una millonaria sanción económica contra la empresa por las irregularidades detectadas.
En los últimos meses, la defensa de los imputados había intentado evitar el juicio mediante distintas propuestas de resarcimiento económico. Finalmente, en abril se homologó un acuerdo por más de 524 millones de pesos, aunque el incumplimiento de la primera cuota terminó por derrumbar esa salida alternativa.
Ahora, los tres acusados permanecerán detenidos mientras continúa la investigación de una de las mayores causas por presuntas estafas registradas en San Juan en los últimos años.
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