La Legislatura aprobó la Ley de Desarrollo Minero con amplio respaldo: el oficialismo sumó votos peronistas y aisló las críticas

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la Ley de Desarrollo Minero, uno de los proyectos más importantes impulsados por el gobernador Marcelo Orrego para potenciar la participación de trabajadores, empresas y proveedores locales en los grandes emprendimientos mineros de la provincia. La iniciativa fue sancionada con 32 votos afirmativos, un respaldo que superó las expectativas del oficialismo al sumar el acompañamiento de gran parte del bloque justicialista.

La sesión comenzó alrededor de las 10, una hora más tarde de lo previsto, y fue encabezada por el presidente nato de la Cámara, el diputado del PRO Enzo Cornejo, ya que el vicegobernador Fabián Martín asumió de manera transitoria el Poder Ejecutivo.

Si bien el proyecto ya contaba con dictamen favorable tras el tratamiento en comisiones junto a los bloques dialoguistas, el resultado final mostró un respaldo aún mayor. El bloque Justicialista, que durante el debate previo se había retirado sin firmar el despacho, finalmente decidió acompañar la iniciativa luego de plantear una serie de observaciones técnicas.

El único legislador ausente al momento de la votación fue Fernando Patinella, de La Libertad Avanza. En contrapartida, los diputados Mario Herrero y Graciela Seva, identificados con el espacio San Juan Vuelve que lidera José Luis Gioja, votaron en contra del proyecto.

El respaldo del PJ, con reparos

Durante el debate, el sector del peronismo referenciado en el senador Sergio Uñac dejó en claro que su voto favorable no implicaba un respaldo sin objeciones. La diputada y exministra de Hacienda Marisa López recordó la discusión por la adhesión de San Juan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuestionó que quienes impulsaron ese esquema nacional ahora promovieran una ley destinada a proteger a los proveedores sanjuaninos.

Además, explicó que el bloque presentó propuestas de modificación vinculadas principalmente a las etapas de cierre y poscierre de los proyectos mineros. A pesar de esas diferencias, el justicialismo —con excepción del sector giojista— acompañó la aprobación de la norma.

Otra de las intervenciones destacadas fue la de la diputada Fernanda Paredes, quien lanzó una frase que marcó el debate político: «No se puede ser libertario en Buenos Aires y estatista en San Juan», al referirse al rol que, a su entender, debe asumir el Estado en el desarrollo de la actividad minera.

Los tres pilares de la ley

La nueva legislación se estructura sobre tres ejes principales.

El primero establece como objetivo que el 80% de los trabajadores de cada proyecto minero sean residentes de San Juan, otorgando prioridad a quienes vivan en los departamentos directamente vinculados con la actividad.

El segundo apunta a fortalecer el entramado productivo provincial, fijando la meta de que el 60% del monto anual destinado a la compra de bienes, obras y servicios sea adjudicado a proveedores sanjuaninos, siempre que exista una oferta competitiva.

El tercer eje busca coordinar las inversiones sociales que realizan las empresas con los planes estratégicos de los municipios, promoviendo acciones de largo plazo en áreas como educación, salud, infraestructura y desarrollo comunitario.

Más previsibilidad para los proveedores

Uno de los aspectos centrales de la ley es que las empresas mineras deberán publicar con anticipación sus planes de demanda de bienes y servicios, incluyendo cronogramas estimativos de compras. La medida apunta a que los proveedores locales puedan planificar inversiones, capacitar personal y desarrollar capacidades para competir en futuras licitaciones.

Además, las operadoras deberán elaborar estudios para detectar qué bienes y servicios pueden ser provistos por empresas radicadas en San Juan y cuáles requieren un mayor desarrollo de la cadena productiva local.

Las principales herramientas

Entre los puntos más importantes que incorpora la ley se encuentran:

• La obligación de presentar Planes de Desarrollo Local con metas progresivas de empleo y contratación de proveedores, actualizados cada dos años y sujetos a informes periódicos.
• La meta de alcanzar un 80% de trabajadores sanjuaninos en cada operación minera.
• El objetivo de destinar el 60% de las compras anuales a proveedores locales cuando exista oferta competitiva, debiendo justificar técnicamente las excepciones.
• La creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), de carácter público y digital, con requisitos de arraigo efectivo en la provincia.
• La implementación de un Certificado de Crédito Fiscal transferible para las empresas que cumplan simultáneamente las metas de empleo y compras locales, beneficio que también podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar tributos provinciales.
• Nuevos mecanismos de transparencia en las contrataciones, con procedimientos públicos para convocatorias y comunicación de adjudicaciones.

De las diferencias al consenso

La aprobación de la ley cerró un proceso legislativo que había estado marcado por diferencias durante el tratamiento en comisiones. En aquella instancia, el oficialismo y los bloques dialoguistas lograron emitir despacho favorable, mientras que el bloque Justicialista decidió retirarse sin acompañarlo, una actitud que había sido cuestionada por el diputado bloquista Gustavo Deguer, quien sostuvo que la oposición no había participado plenamente del debate técnico.

Finalmente, tras incorporar observaciones y mantener el intercambio político durante la sesión, la iniciativa consiguió un amplio respaldo legislativo y se convirtió en una de las principales leyes impulsadas por la gestión de Marcelo Orrego para fortalecer el desarrollo minero con mayor participación de trabajadores y empresas sanjuaninas.