El Gobierno de San Juan analiza posibles sanciones tras el paro docente nacional

El Gobierno de San Juan aún no definió si avanzará con sanciones contra los gremios docentes que adhirieron al paro nacional convocado por CTERA. La medida dependerá del resultado de un relevamiento que realiza el Ministerio de Educación para verificar si las escuelas mantuvieron el nivel mínimo de funcionamiento establecido por la legislación.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que el proceso se encuentra en una instancia de evaluación y que la Subsecretaría aguarda el informe oficial antes de adoptar cualquier decisión. Según indicó, el Ministerio de Educación, junto con autoridades nacionales, realizó controles en los establecimientos educativos para determinar el porcentaje real de asistencia durante la jornada de protesta.

El funcionario señaló que el análisis no solo contempla el número de docentes presentes, sino también las causas de las ausencias. En ese sentido, remarcó que será necesario corroborar que las inasistencias respondieron efectivamente a la adhesión al paro y no a licencias por enfermedad u otros motivos debidamente justificados.

Una vez finalizado ese relevamiento, la Subsecretaría de Trabajo definirá si corresponde iniciar el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley de Modernización Laboral. Marchese aclaró que las eventuales multas recaerían sobre las organizaciones sindicales y no directamente sobre los docentes que participaron de la medida de fuerza.

Respecto al cálculo de las sanciones económicas, explicó que el monto se determina mediante una fórmula que contempla la cantidad de trabajadores involucrados y el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que permite establecer la multa que eventualmente deberá afrontar el sindicato.

El conflicto se originó tras el paro nacional impulsado por CTERA, al que en San Juan adhirieron los gremios UDAP y AMET, mientras que UDA no informó oficialmente su participación. La protesta volvió a poner en debate la aplicación de la normativa que exige garantizar un funcionamiento mínimo del 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza.

Desde el Ejecutivo provincial también recordaron que el Gobierno nacional solicitará los registros de asistencia para verificar el cumplimiento de la legislación. Con esos datos, las autoridades evaluarán si corresponde avanzar con las sanciones previstas para aquellos casos en los que no se haya alcanzado el porcentaje mínimo de prestación del servicio.