Branka Motors: los acusados acordaron una pena de cinco años y los damnificados deberán reclamar el dinero por otra vía
La investigación por la millonaria estafa vinculada a Branka Motors ingresará esta semana en una instancia decisiva. Los tres imputados aceptaron un juicio abreviado que contempla una condena de cinco años de prisión, aunque el acuerdo no establece la devolución de los fondos que habrían perdido los cientos de damnificados.
Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Suvire serán citados este miércoles a las 11 ante la jueza de Garantías Carolina Parra. Durante la audiencia se presentará formalmente el acuerdo alcanzado entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, que deberá ser evaluado por la magistrada.
El convenio establece que los acusados cumplan una pena de cinco años de prisión. Sin embargo, el aspecto que genera mayor preocupación entre quienes denunciaron la maniobra es que el acuerdo no contempla una reparación económica.
Según surge de la investigación, el perjuicio ocasionado estaría estimado en aproximadamente $524 millones, mientras que la cantidad de damnificados supera las 500 personas.
Reclamo económico por la vía civil
Con el acuerdo penal, la discusión sobre la eventual recuperación del dinero quedaría fuera del proceso penal. En consecuencia, quienes busquen recuperar los fondos entregados deberán iniciar reclamos ante la Justicia Civil.
Los damnificados que se constituyeron como querellantes podrán expresar su oposición durante la audiencia, aunque su postura no será vinculante para la decisión que adopte la jueza.
La situación representa un cambio respecto de lo ocurrido meses atrás, cuando se había alcanzado un acuerdo de reparación integral que contemplaba devolver el dinero a las personas afectadas.
El acuerdo de devolución que no se cumplió
En abril, la Justicia había homologado un convenio mediante el cual los imputados se comprometían a devolver los aproximadamente $524 millones en cinco cuotas, con un plazo total de 120 días.
El primer pago debía concretarse el 13 de abril, pero finalmente no se efectivizó. Ante ese incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, solicitó que el acuerdo fuera dejado sin efecto.
La situación derivó en una audiencia realizada el 8 de mayo, en la que la jueza Carolina Parra dispuso que los acusados fueran trasladados al Penal de Chimbas y les impuso cinco meses de prisión preventiva.
Desde entonces, la causa continuó avanzando mientras la Fiscalía y la defensa analizaban alternativas para resolver el proceso penal.
Una de las investigaciones más importantes de los últimos años
El expediente comenzó a tomar dimensión entre fines de 2025 y comienzos de 2026, a partir de las primeras denuncias de personas que habían entregado dinero para adquirir motocicletas que finalmente no recibieron.
La investigación sostiene que la empresa ofrecía rodados a precios considerablemente inferiores a los valores de mercado. El sistema generó una fuerte demanda y permitió captar a numerosos compradores, pero con el tiempo comenzaron a registrarse incumplimientos en las entregas.
Uno de los primeros casos denunciados fue el de una mujer que había pagado $1.700.000 por una motocicleta que nunca le fue entregada.
Con el avance del expediente, la cantidad de afectados creció hasta superar las 500 personas y el monto estimado de la presunta defraudación llegó a unos $524 millones.
Ahora será la jueza de Garantías quien deberá determinar si homologa el juicio abreviado. En caso de aprobarlo, los tres imputados quedarán condenados en el marco de la causa penal, mientras que los reclamos económicos de los damnificados deberán continuar por la vía civil.
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