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Branka Motors: proponen cinco años de prisión para los tres acusados y crece el malestar de las víctimas

La causa por la presunta estafa de Branka Motors atraviesa una nueva instancia. La defensa de los tres imputados llegó a un acuerdo con la Fiscalía para avanzar con un juicio abreviado que contempla cinco años de prisión efectiva para cada acusado. Sin embargo, el entendimiento no incluye una reparación económica para los damnificados.

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La investigación por la estafa que afectó a cientos de personas vuelve a generar preocupación entre las víctimas. Luego de que fracasara el acuerdo que contemplaba devolver parte del dinero perdido, los acusados podrían recibir ahora una condena de cinco años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.

La propuesta deberá ser evaluada y eventualmente homologada por la jueza de Garantías Ana Carolina Parra. Si recibe el visto bueno judicial, no se realizaría un juicio oral y público y los tres imputados quedarían condenados a la pena acordada con el Ministerio Público Fiscal.

El principal punto de conflicto para los damnificados es que el nuevo acuerdo no contempla ningún pago en concepto de reparación. De esta manera, quienes perdieron dinero en la maniobra deberán recurrir a otras instancias judiciales para intentar recuperar lo adeudado.

Un acuerdo de reparación que terminó fracasando

La causa había tenido un escenario diferente meses atrás. Los imputados habían acordado un mecanismo para compensar económicamente a los 352 damnificados. El plan establecía el pago inicial de $524 millones, seguido de otras cuatro cuotas.

Sin embargo, el compromiso no pudo cumplirse. Los acusados no lograron concretar el primer desembolso y, durante una audiencia ante la jueza Parra, inicialmente sostuvieron que la transferencia había sido efectuada, aunque no pudieron presentar documentación que acreditara el pago.

Posteriormente reconocieron que no habían conseguido reunir el dinero. Como explicación, señalaron que habían viajado a Mendoza con la intención de obtener un préstamo que finalmente no se concretó.

Ante esta situación, la Justicia consideró que no estaban dadas las condiciones para mantener aquella salida alternativa. La Fiscalía también cuestionó que los imputados hubieran asumido un compromiso económico de esa magnitud sin contar con los fondos necesarios para afrontarlo.

Volvieron a quedar detenidos

Tras la caída del acuerdo de reparación, los tres acusados regresaron a prisión. La jueza Parra dispuso cinco meses de prisión preventiva, teniendo en cuenta la pena que eventualmente podrían recibir, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y determinadas conductas registradas durante el período en que permanecieron en libertad.

Ahora, la defensa volvió a negociar con la Fiscalía y alcanzó un nuevo entendimiento, aunque esta vez centrado en la cuestión penal y sin contemplar una compensación económica para las víctimas.

Las víctimas deberán reclamar por otra vía

La eventual condena a cinco años de prisión efectiva podría significar el cierre de la causa penal, pero no resolvería el reclamo económico de quienes aseguran haber sido perjudicados.

En caso de que la jueza homologue el acuerdo, los damnificados deberán recurrir a la Justicia Civil para intentar recuperar el dinero que perdieron.

Por eso, la posibilidad de que el expediente concluya con una pena efectiva para los acusados no genera tranquilidad entre las víctimas. Para ellas, el reclamo principal continúa pendiente: recuperar, al menos en parte, los fondos que aseguran haber perdido.

La decisión final estará ahora en manos de la jueza Ana Carolina Parra, quien deberá determinar si acepta el juicio abreviado acordado entre la defensa y la Fiscalía.

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