San Juan ya registra 607 deudores alimentarios: solo siete son mujeres

El dato fue confirmado por Marcelo Pablo Pintos, director de Auditoría, Control de Gestión y Calidad Judicial, quien explicó que el registro mantiene un movimiento constante debido tanto a nuevas incorporaciones como a bajas.

Para ingresar al registro no alcanza simplemente con acumular una deuda. La normativa establece que deben existir tres cuotas alimentarias consecutivas impagas o cinco alternadas, pero la incorporación debe ser determinada mediante una resolución judicial.

El proceso comienza cuando el representante legal de los menores realiza la presentación correspondiente ante el juez. Si el magistrado considera que se cumplen las condiciones, emite el oficio para que la persona sea incorporada al registro. Además, puede disponer otras medidas, como embargos u otras restricciones destinadas a garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

La inscripción puede generar diferentes consecuencias. Entre ellas se encuentran restricciones para contratar con el Estado y para ingresar a salas de juego. También existen situaciones en las que la Justicia dispone medidas adicionales, como la prohibición de salir del país, que debe ser comunicada a Migraciones.

En cuanto a la consulta, cada persona puede verificar su situación y obtener su certificado a través de CIDI. La información del registro, sin embargo, no funciona como una base de datos de libre acceso para terceros. Los pedidos de información masiva deben contar con la autorización correspondiente debido a las normas de confidencialidad.

Desde la Justicia también aclararon que San Juan cuenta actualmente con un registro de carácter provincial. Si bien se trabaja en la creación de un sistema de alcance nacional, todavía no existe un registro nacional de deudores alimentarios en funcionamiento. En algunos casos, jueces de otras provincias pueden solicitar incorporaciones dentro del registro sanjuanino.

¿Cómo se sale del registro?

La cancelación de la deuda tampoco implica una baja automática. Una vez que la persona regulariza su situación, debe acreditarlo ante la Justicia. Luego, el juez debe emitir una nueva orden para disponer su eliminación del registro.

Cuando el oficio judicial llega al organismo correspondiente, el trámite administrativo se concreta en pocas horas. Según explicó Pintos, la comunicación actualmente se realiza de manera ágil y permite procesar las bajas prácticamente de inmediato.

En lo que va de 2026, 46 personas ya fueron dadas de baja del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de San Juan luego de cumplir con el proceso de regularización establecido por la Justicia.

El crecimiento del listado, señalaron desde el área judicial, no necesariamente responde a una sola causa. Entre los factores mencionados aparece la situación económica de algunos deudores, aunque también se destaca la agilización de los procesos en los juzgados de Familia y Menores, lo que permite avanzar con mayor rapidez en los expedientes por incumplimiento de las obligaciones alimentarias.