EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

Graffigna busca frenar una demanda millonaria por una expropiación en Iglesia

El abogado, condenado en la megacausa por una maniobra vinculada a terrenos expropiados por el Estado, solicitó que se declare la caducidad de una demanda civil iniciada por la Provincia. Sostiene que el expediente lleva años sin avances. Fiscalía de Estado rechazará el planteo y la decisión quedó en manos de la jueza Adriana Tettamanti.

82

El abogado Santiago Graffigna, condenado como uno de los principales responsables de la asociación ilícita investigada en la denominada megacausa de las expropiaciones, presentó un nuevo planteo judicial para intentar cerrar uno de los procesos civiles iniciados por la Provincia de San Juan para recuperar fondos.

En esta oportunidad, solicitó que se declare la caducidad de instancia en una demanda relacionada con una expropiación realizada en Iglesia para la construcción del dique Cuesta del Viento. Su argumento central es que el expediente permaneció sin actividad durante el período previsto por la legislación procesal.

El planteo deberá ser resuelto por la jueza del fuero Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti. Desde Fiscalía de Estado, encabezada por Sebastián Dávila, adelantaron que contestarán la presentación y buscarán que sea rechazada.

La causa corresponde al expediente conocido como “Luna, Benito Ricardo”. Según consta en las actuaciones, en 2009 la Provincia abonó $1.011.194,31 por el inmueble. Para Fiscalía de Estado, aquella operación estuvo atravesada por irregularidades y el pago fue indebido, una postura que también fue considerada durante el juicio penal de la megacausa.

De prosperar la acción civil, el monto reclamado podría ubicarse actualmente entre $7 millones y $10 millones, debido a la actualización mediante intereses calculados con la tasa activa del Banco Nación.

Graffigna no es el único nombre relacionado con el expediente. Fiscalía de Estado también había demandado al actual camarista civil Roberto Pagés, quien en aquel momento se desempeñaba como juez de primera instancia del Cuarto Civil y había intervenido en la expropiación.

Sin embargo, Pagés fue posteriormente apartado de la demanda luego de que la Corte de Justicia confirmara que los magistrados no pueden ser responsabilizados civilmente por el contenido de sus sentencias, salvo que previamente sean denunciados y destituidos por los mecanismos correspondientes.

Su actuación, de todos modos, fue cuestionada dentro de la investigación penal. Pagés no fue imputado en la megacausa, mientras que el exjuez civil Carlos Macchi fue condenado y la exjueza Rosalba Marún fue procesada, aunque murió antes de llegar a juicio. El Tribunal de Juicio, además, dispuso que se investigara la actuación de Pagés en relación con aquella expropiación.

El argumento de Graffigna

En su presentación, el abogado señaló que había acordado con Fiscalía de Estado una suspensión de los plazos procesales durante 20 días, el máximo contemplado por el Código Procesal Civil. Según sostuvo, ese acuerdo comenzó el 29 de agosto de 2023 y posteriormente no habría existido una nueva suspensión.

A partir de esa situación, planteó que desde septiembre de 2023 no se produjeron movimientos suficientes en el expediente y pidió que se declare la perención de la instancia.

La normativa establece que, cuando existe una paralización superior a seis meses en primera instancia, puede solicitarse la caducidad del proceso. Graffigna sostuvo además que, si la Provincia pretendiera iniciar nuevamente una acción, podría encontrarse con otro obstáculo: la prescripción.

La demanda original fue presentada hace aproximadamente una década, por lo que el abogado considera que los plazos para reclamar judicialmente ya habrían vencido.

Fiscalía de Estado, sin embargo, sostiene una posición contraria y prepara su respuesta para intentar mantener vigente el reclamo. La resolución final dependerá ahora de la jueza Tettamanti.

Una expropiación bajo sospecha

El expediente “Luna, Ricardo Benito” fue uno de los casos analizados dentro de la investigación por las presuntas maniobras realizadas alrededor de terrenos expropiados por el Estado.

Según la acusación, Graffigna habría presentado a Luna como propietario del inmueble cuando, en realidad, solo contaba con “derechos y acciones” sobre el terreno. Esa situación habría permitido que el inmueble fuera tasado por su valor total, en lugar de aplicar una valuación menor.

La demanda también cuestionó la intervención del abogado estatal Norberto Baistrocchi, fallecido antes del inicio de la megacausa. De acuerdo con la presentación judicial, Graffigna habría actuado en connivencia con Baistrocchi para mantener paralizado durante más de seis años el proceso de expropiación.

Esa demora habría sido utilizada para impulsar una prescripción adquisitiva y posteriormente responder a la demanda pocos días después de que fuera presentada.

Otro punto observado fue el denominado Plenario Luna, que contó con la intervención de Roberto Pagés. A partir de esa decisión, el Tribunal de Tasaciones de la Provincia habría modificado el criterio utilizado para determinar el valor de terrenos rurales, comenzando a considerarlos bajo parámetros propios de terrenos urbanos.

El cambio tuvo un fuerte impacto económico: se pasó de calcular el valor por hectárea a hacerlo por metro cuadrado, elevando considerablemente las sumas involucradas en determinadas expropiaciones.

Ahora, la Justicia deberá determinar si corresponde hacer lugar al planteo de Graffigna y cerrar la demanda por falta de actividad o si, por el contrario, la Provincia podrá continuar con su reclamo para intentar recuperar los fondos que considera indebidamente abonados.

COMENTARIOS

Los comentarios están cerrados.