Piden la intervención de Cancillería por la abogada argentina detenida en Brasil

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, pidió la intervención de la Cancillería argentina en el caso de Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Brasil tras ser acusada de racismo.

A través de una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, el dirigente solicitó que la representación consular argentina actúe para resguardar las garantías fundamentales de la letrada, quien enfrenta un proceso penal en la ciudad de Río de Janeiro.

En la presentación formal, ingresada este viernes, Gil Lavedra consideró que las medidas cautelares impuestasentre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del estado podrían resultar desproporcionadas. “Es posible que el proceso continúe y que la joven pueda retornar al país”, sostuvo.

Además, recordó el compromiso histórico de la Argentina con la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional y solicitó que se activen los mecanismos diplomáticos necesarios para verificar que Páez cuente con asistencia adecuada y que el proceso respete el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley.

La iniciativa recibió el respaldo de Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, entidad donde la profesional está matriculada.

En paralelo, el titular del CPACF envió una carta a la presidenta de la Orden de Abogados de Brasil Sección Río de Janeiro, solicitando colaboración para asegurar que el proceso penal se desarrolle con pleno respeto a las garantías judiciales internacionales.

La situación judicial

Agostina Páez fue recibida en las últimas horas por el cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén, junto a su equipo de abogados. Según trascendió, el encuentro permitió avanzar en la estrategia de defensa y evaluar la conveniencia de contar con un abogado particular local, ya que un defensor oficial podría extender los plazos del trámite judicial.

La abogada se encuentra imputada por el delito de injuria racial. Actualmente cumple medidas restrictivas con monitoreo electrónico y tiene prohibido abandonar el estado brasileño. Además, debió cambiar de domicilio luego de que se filtrara la dirección donde residía.

En declaraciones recientes, Páez afirmó que el gesto que originó la denuncia fue una “reacción emocional” y manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido. También expresó preocupación por supuestos malos tratos recibidos por parte de uno de los agentes policiales que intervino en su detención, aunque evitó brindar mayores detalles para no entorpecer la investigación.

La defensa sostiene que existe una construcción pública negativa de su imagen, impulsada por la amplia repercusión mediática del caso en Brasil, y remarca que aún no hay una condena judicial firme en su contra.