Robo Millonario en Residencia de Ancianos: Dos Empleados Estafaron a Seis Abuelos
En un caso de estafa que ha conmocionado a la comunidad de San Juan, dos empleados de la Residencia Hogar para Ancianos Eva Duarte de Perón han sido vinculados a la sustracción de $1.7 millones mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito de seis ancianos.
Dos empleados de la Residencia Hogar para Ancianos Eva Duarte de Perón fueron vinculados a un caso de estafa tras utilizar tarjetas de débito de los residentes para realizar compras sin su autorización. La Justicia de San Juan ordenó hoy que Priscila Lisette Orellano Manrique y Gustavo Joaquín Orellano enfrenten cargos por «estafa con utilización de tarjetas de débito» en concurso real.
La investigación se inició a raíz de las denuncias de seis ancianos, quienes al intentar cobrar sus jubilaciones y pensiones, descubrieron que sus cuentas bancarias estaban vacías. Los afectados, identificados como Santiago Nicolás Tello, José Marcial, Eduardo Rubén Correa, Laura Cáceres, Miraso Josefa del Valle y Dardo Victoriano Ortíz, informaron de inmediato a la directora de la residencia, quien procedió a presentar el reclamo ante las entidades bancarias.
Los informes de los bancos revelaron que se realizaron movimientos no autorizados en las cuentas de los ancianos, incluyendo varias compras virtuales realizadas con las tarjetas de débito. La investigación demostró que las tarjetas fueron manipuladas sin el consentimiento de los titulares, resultando en un fraude que ascendió a más de 1.7 millones de pesos.
En consecuencia, Priscila Lisette Orellano Manrique fue detenida y formalmente acusada como autora del delito, mientras que Gustavo Joaquín Orellano fue acusado de participación como coautor. A pesar de la gravedad de los cargos, se ha decidido su liberación provisional bajo medidas coercitivas, incluyendo la obligación de presentarse mensualmente en la Comisaría 30° de Rivadavia y la prohibición de salir del ámbito nacional o provincial sin autorización previa. Además, se les ha prohibido cualquier contacto con las víctimas, tanto en persona como por otros medios.
La investigación continuará durante los próximos ocho meses, con el objetivo de esclarecer todos los detalles del fraude y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
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