EL DIARIO DIGITAL DE LOS ALBARDONEROS

Echaron al secretario de Infraestructura Carlos Frugoni por ocultar propiedades en EE. UU.

La decisión fue tomada por el ministro Luis Caputo tras revelarse bienes y sociedades en Miami que no figuraban en sus declaraciones. Buscan reemplazo en un área estratégica.

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El Gobierno nacional resolvió este domingo desplazar a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura dentro del Ministerio de Economía, luego de que salieran a la luz bienes en Estados Unidos que no habían sido declarados ante los organismos de control.

La determinación fue adoptada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, tras la difusión de una investigación periodística que expuso el patrimonio del ahora exfuncionario en el exterior. Desde el entorno oficial confirmaron que se trató de un despido.

Según los datos publicados, Frugoni tendría al menos siete propiedades en Miami, además de participación en dos sociedades comerciales. Estos activos no habrían sido informados ante organismos como la Oficina Anticorrupción ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las propiedades, con valores estimados entre 140.000 y 310.000 dólares, estarían administradas a través de firmas radicadas en Estados Unidos. Entre ellas figuran Genova LLC y Waki LLC, registradas en el estado de Delaware en 2021 y 2025, respectivamente, con Frugoni como beneficiario final.

Gran parte de los inmuebles se ubican en el condado de Palm Beach, en Florida, una zona reconocida por su alto valor inmobiliario. Dentro del esquema del gobierno encabezado por Javier Milei, el funcionario tenía bajo su órbita áreas sensibles como Infraestructura y Transporte.

No es la primera vez que su nombre queda envuelto en controversias. Durante la gestión de Mauricio Macri, Frugoni estuvo al frente de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), participando en proyectos de gran envergadura como el Paseo del Bajo.

Tras su salida, en el Ministerio de Economía analizan posibles reemplazos para un cargo considerado clave. El caso vuelve a poner en debate los mecanismos de control patrimonial y la transparencia en la función pública.

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