Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal y el proyecto ahora será tratado en el Senado

La propuesta fue aprobada con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y parte de Provincias Unidas. Ahora deberá ser analizada por el Senado para completar su tratamiento legislativo.

Entre los principales cambios que plantea la iniciativa se encuentra la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio establecidos para acceder al régimen. Hasta ahora, esos topes estaban fijados en $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

Además, el proyecto modifica el criterio utilizado para determinar una eventual discrepancia entre la información declarada por los contribuyentes y los datos detectados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De esta manera, el oficialismo busca reducir la cantidad de contribuyentes alcanzados por controles fiscales considerados excesivos.

Exclusión de funcionarios públicos

Uno de los cambios incorporados durante el tratamiento en comisión fue la exclusión de los funcionarios públicos del régimen de Inocencia Fiscal.

La modificación tomó especial relevancia luego de las críticas de distintos sectores de la oposición y de la polémica que había generado la adhesión del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al régimen anterior, aprobado a fines de 2025.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto, defendió la modificación y aseguró que el Gobierno decidió avanzar con la exclusión de los funcionarios como una medida destinada a reforzar la transparencia.

El objetivo: incorporar dólares al sistema

Desde el oficialismo sostienen que uno de los principales objetivos de la iniciativa es favorecer el ingreso al circuito formal de los denominados “dólares del colchón”.

Durante el debate, el diputado Nicolás Mayoraz argumentó que existen importantes cantidades de dinero que permanecen fuera del sistema financiero y consideró necesario generar condiciones para que esos ahorros puedan incorporarse a la economía formal.

Según explicó, el Gobierno busca que esos fondos vuelvan al circuito financiero sin generar temor entre los contribuyentes por eventuales inconsistencias fiscales.

Fuerte rechazo de la oposición

El proyecto generó fuertes críticas entre los bloques opositores, que advirtieron sobre una posible reducción de las facultades de ARCA para investigar casos de evasión y detectar maniobras irregulares.

El senador Martín Lousteau cuestionó el alcance de las modificaciones y sostuvo que, bajo el argumento de simplificar las declaraciones de los contribuyentes, se podría limitar la capacidad del organismo recaudador para perseguir a grandes evasores.

Desde Unión por la Patria, el diputado Juan Grabois también rechazó la iniciativa y cuestionó que el nuevo régimen pueda beneficiar a contribuyentes que hayan cometido irregularidades fiscales.

En la misma línea, el diputado Aldo Leiva propuso denominar al proyecto como “ley de delincuencia fiscal”, en una dura crítica al Gobierno.

El exfuncionario Guillermo Michel, por su parte, comparó algunos de los mecanismos incluidos en la propuesta con el denominado “tapón fiscal” o “bloqueo fiscal” aplicado durante la gestión de Domingo Cavallo.

Con la aprobación en Diputados, el Gobierno logró avanzar con uno de los proyectos que considera centrales dentro de su programa económico. La iniciativa ahora deberá ser debatida en el Senado, donde buscará convertirse definitivamente en ley.