Antecedente judicial: la condena que pesa sobre el sindicalista acusado de abuso sexual

Walter Ferreri, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis, atraviesa un nuevo proceso judicial luego de ser imputado por abuso sexual simple a raíz de una denuncia realizada por una joven. El caso tomó relevancia en los últimos días, pero el sindicalista ya tenía un antecedente penal: en 2022 fue condenado por la Justicia Federal por una defraudación contra la Administración Pública.

La condena fue de dos años de prisión de ejecución condicional y se resolvió mediante un juicio abreviado. Ferreri reconoció su responsabilidad en los hechos investigados, que se remontaban al período comprendido entre octubre de 2015 y febrero de 2018.

De acuerdo con lo establecido en aquella causa, el mecanismo investigado involucraba la creación y utilización de empresas que no desarrollaban una actividad económica real. A través de esas estructuras se incorporaba a personas como supuestos trabajadores, a quienes se les ofrecía la posibilidad de acceder a una licencia para explotar taxis.

Las personas eran luego registradas como empleados de esas firmas y, bajo esa condición, podían acceder a beneficios de programas nacionales de empleo. Uno de los principales programas involucrados fue el Programa de Inserción Laboral, dependiente del entonces Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

Según determinó la Justicia, los beneficiarios eran enviados al Centro Cívico de San Juan para completar la documentación necesaria. Posteriormente, Ferreri retenía las tarjetas de débito del Banco Nación asociadas a las cuentas en las que se depositaban los fondos estatales.

La investigación estableció que el sindicalista les indicaba que el dinero debía destinarse a distintos gastos, entre ellos impuestos, contadores, obras sociales o cuestiones relacionadas con el sindicato. Sin embargo, la Justicia concluyó que los fondos terminaban siendo apropiados de manera indebida.

Para sostener la acusación fueron incorporados informes de la AFIP, documentación de organismos nacionales y testimonios de personas que habían sido incorporadas como supuestos trabajadores. Varios de esos testigos señalaron que habían recibido la propuesta de acceder a una licencia de taxi y que, como parte del trámite, debían entregar sus tarjetas bancarias.

La Justicia consideró acreditada una maniobra de defraudación agravada, debido a la utilización de empresas y nóminas laborales ficticias, el engaño a la administración nacional, el desembolso de fondos públicos y el perjuicio económico ocasionado al Estado.

El proceso terminó en 2022 con la condena de Ferreri a dos años de prisión de ejecución condicional. El acuerdo de juicio abreviado incluyó el reconocimiento de los hechos y de la responsabilidad penal.

La nueva investigación

Ese antecedente judicial volvió a quedar en escena luego de que Ferreri fuera detenido en el marco de la investigación por una presunta agresión sexual. La Fiscalía había solicitado inicialmente su detención, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Durante el fin de semana, su defensa presentó un hábeas corpus por las condiciones de alojamiento y por dificultades relacionadas con el acceso a medicación y elementos básicos. La jueza Celia Maldonado hizo lugar al planteo y dispuso medidas para garantizar su atención.

Posteriormente, Ferreri fue trasladado ante la jueza de Garantías Flavia Allende. Allí, el fiscal Eduardo Martínez formalizó la imputación por abuso sexual simple a partir de la denuncia de una joven.

La investigación tomó impulso luego de que se conociera un video registrado en un gimnasio, en el que se observa el acercamiento del sindicalista hacia la denunciante. Ese registro es considerado una de las piezas relevantes del expediente y deberá ser incorporado formalmente a la causa junto con otras pruebas.

Ferreri decidió no declarar durante la audiencia, siguiendo la recomendación de sus abogados, Agustín Idemi y Federico González Viola. Según trascendió, en su versión ante la defensa habría sostenido que el contacto fue accidental, negó haber tocado a la joven y señaló que su discapacidad visual pudo haber influido en lo ocurrido.

Qué puede pasar con la condena anterior

La existencia de la condena de 2022 adquiere importancia porque se trató de una pena de ejecución condicional. Sin embargo, la nueva imputación no implica por sí misma que aquella condena quede automáticamente sin efecto.

Para que existan consecuencias sobre la pena anterior tendría que producirse una nueva condena y, además, deberán analizarse las fechas correspondientes para determinar si el nuevo hecho ocurrió dentro del período contemplado por la legislación penal.

Por ahora, Ferreri continúa en libertad. Como parte de las medidas impuestas por la Justicia, tiene prohibido mantener contacto con la denunciante y acercarse a menos de 100 metros de ella. También debe presentarse una vez al mes en la Comisaría 28°.

La Investigación Penal Preparatoria tendrá un plazo de seis meses. Durante ese período, la Fiscalía deberá reunir testimonios, registros y demás elementos que permitan determinar qué ocurrió y establecer si existen pruebas suficientes para avanzar hacia una instancia posterior del proceso.