El Senado volverá a poner en discusión la Reforma Política promovida por el Gobierno de Javier Milei, en un escenario marcado por las negociaciones entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los gobernadores.

La iniciativa será tratada nuevamente este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales y uno de los principales objetivos del oficialismo es conseguir respaldo para modificar el sistema electoral de cara a las elecciones de 2027.

Sin embargo, el número de votos todavía no está garantizado.

La reforma necesita 37 votos en el Senado para ser aprobada, mientras que La Libertad Avanza tiene 21 senadores. Por ese motivo, el Gobierno necesita sumar apoyos de otros bloques.

El debate incluye varios puntos sensibles: la eliminación de las PASO, cambios en la Boleta Única de Papel, modificaciones al financiamiento de los partidos, Ficha Limpia y nuevas condiciones para que las fuerzas políticas puedan conservar su reconocimiento.

El PRO y la UCR, en el centro de la negociación

El PRO es uno de los espacios con los que el oficialismo intenta alcanzar un entendimiento. Cristian Ritondo y Fernando De Andreis participan de las conversaciones con Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem.

Pero dentro del partido existen diferencias sobre las PASO. El senador Martín Goerling Lara se manifestó en contra de eliminarlas y considera que una alternativa podría ser mantenerlas con carácter optativo.

La UCR también será importante debido a sus diez bancas en el Senado. Parte de sus legisladores mantiene vínculos políticos con los gobernadores de sus provincias.

Entre ellos aparecen los senadores mendocinos relacionados con Alfredo Cornejo, los correntinos vinculados a Juan Pablo Valdés y Silvana Schneider, de Chaco, quien fue vicegobernadora de Leandro Zdero.

Otros radicales, como Flavio Fama, Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, tienen una posición más independiente respecto de sus respectivos gobernadores.

En Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto responden al gobernador Maximiliano Pullaro, quien se encuentra a favor de conservar las PASO.

El Gobierno también mantiene conversaciones con Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz. En esos encuentros no solo aparece la Reforma Política: también forman parte de la agenda el Presupuesto 2027 y las obras públicas.

Por eso, el entendimiento con los gobernadores puede resultar decisivo para el futuro del proyecto.

Ficha Limpia se suma al debate

Otro de los ejes de la discusión será Ficha Limpia.

El proyecto impulsado por Martín Goerling Lara y Andrea Cristina establece un régimen de inhabilitación para quienes tengan condenas confirmadas por delitos dolosos relacionados con la administración pública.

La propuesta incluye delitos como fraude contra el Estado, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y encubrimiento.

El proyecto cuenta con respaldo de sectores de la UCR y busca modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Además, la propuesta general de Reforma Política establece que aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse como candidatos a cargos electivos.

Más requisitos para los partidos

La iniciativa también cambia las condiciones para que los partidos mantengan su reconocimiento.

El Gobierno propone elevar el piso de votos y aumentar los requisitos relacionados con la cantidad de distritos y afiliados.

Para obtener reconocimiento nacional, una fuerza deberá estar reconocida en 10 distritos y reunir un mínimo equivalente al 0,1% de afiliados del padrón nacional.

Para los candidatos a presidente se establece un aval mínimo del 0,1% del padrón electoral, mientras que para las candidaturas al Congreso el porcentaje requerido será del 0,5% del padrón de cada distrito.

Estas modificaciones podrían alcanzar incluso a espacios que actualmente funcionan como aliados del propio Gobierno.

Cambios en el financiamiento y en el Parlamento del Mercosur

El proyecto también plantea una modificación profunda del financiamiento político.

Se eliminaría el financiamiento estatal de las campañas y se permitirían aportes privados de hasta el 35%, frente al límite actual del 2% mencionado en la iniciativa.

El Fondo Partidario Permanente quedaría como el único mecanismo de aporte público.

A su vez, desaparecería la publicidad gratuita para los partidos en los medios de comunicación y también el debate presidencial obligatorio.

Otro punto establece cambios en la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur. En lugar de ser elegidos directamente por los ciudadanos, pasarían a ser designados de manera indirecta por el Congreso, respetando la representación proporcional de cada fuerza.

El proyecto tiene 79 artículos y modifica distintos aspectos de la legislación electoral y partidaria.

El desafío de llegar a 2027

La discusión se produce con las elecciones de 2027 cada vez más cerca.

La Constitución Nacional establece que las modificaciones al régimen electoral y a los partidos políticos requieren mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

La Cámara Nacional Electoral, además, planteó la necesidad de que cualquier modificación de estas características sea definida con suficiente anticipación.

Con ese escenario, el Gobierno deberá continuar negociando dentro del Congreso y con los mandatarios provinciales. La discusión sobre las PASO, Ficha Limpia, el financiamiento político y las reglas para los partidos se convertirá así en uno de los principales debates legislativos rumbo a las próximas elecciones.