LA IGLESIA CATÓLICA DEJA DE PERCIBIR FONDOS DEL ESTADO NACIONAL
La asignación económica que recibían los obispos y arzobispos concluyó el 31 de diciembre.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció la conclusión del proceso de renuncia de arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a los fondos provistos por la ley 21.950. Esta ley, en vigor desde 1979, establecía asignaciones mensuales para autoridades eclesiásticas, que representaban el 80% de la remuneración de un Juez Nacional de Primera Instancia.
La asignación, que ascendía a 98.000 pesos, cesó el 31 de diciembre, marcando el fin de la progresiva renuncia iniciada por la CEA en 2018. En julio de 2020, los obispos presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE) para buscar alternativas de financiación a través de donantes y fondos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una resolución de abril de 2023, permitió a arzobispos y obispos que cesaran por razones de edad o invalidez solicitar la asignación bajo ciertos requisitos. Aunque el aporte estatal representaba solo el 10% del presupuesto total de la Iglesia, era crucial para las diócesis más necesitadas, según destacó la CEA.
La medida busca impulsar la autosuficiencia financiera de la Iglesia Católica en Argentina, marcando un cambio significativo en su modelo de financiamiento y promoviendo la búsqueda de recursos alternativos para sostener sus labores pastorales en el país.
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