Polémica por la nueva Ley de Discapacidad: el Estado dejaría de estar obligado a sostener políticas específicas

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que introduce cambios profundos en el sistema de discapacidad y ya genera fuerte controversia entre organizaciones, familias y referentes del sector. La iniciativa, titulada “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, ingresó por el Senado y propone modificaciones a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793.

Uno de los ejes centrales del texto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales. En caso de no cumplir con los requisitos o los plazos establecidos, el beneficio podrá ser suspendido e incluso dado de baja.

Además, el proyecto contempla un sistema de control mediante el cruce de datos con organismos como ANSES y otras dependencias estatales. Incluso prevé la suspensión preventiva de pensiones ante inconsistencias en la información.

Otro de los puntos que genera preocupación es la derogación de varios artículos clave de la ley vigente, lo que implicaría dejar sin efecto la actual emergencia en discapacidad. De esta manera, el Estado ya no estaría obligado a sostener determinadas políticas específicas para el sector.

En materia económica, la iniciativa fija el monto de las pensiones no contributivas en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de otorgar aumentos por invalidez laboral o por zona desfavorable. También modifica el esquema de actualización de aranceles para prestadores, que pasarían a ajustarse de forma trimestral o según la inflación en casos de demora.

Uno de los aspectos más cuestionados es la incompatibilidad entre el cobro de la pensión y el trabajo formal. De aprobarse, las personas con discapacidad que tengan empleo registrado perderían automáticamente el beneficio, lo que también implicaría la eliminación de programas de inclusión laboral.

El proyecto también habilita acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos, lo que, según especialistas, podría derivar en una desregulación del sistema de prestaciones.

Las críticas no tardaron en llegar. Referentes del sector y familiares de personas con discapacidad expresaron su rechazo y advirtieron sobre el impacto social de la medida. En ese contexto, se convocó a una movilización para este miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”.