Avanza la investigación patrimonial: la fiscalía pidió nuevas medidas en la causa que involucra a Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento patrimonial injustificado que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti, sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía impulsara una extensa serie de medidas destinadas a profundizar el análisis de sus ingresos, bienes y movimientos económicos.

Entre los requerimientos más relevantes figura un pedido de información vinculado a otra causa judicial que involucra a Francisco Jorge Adorni, hermano del funcionario. El fiscal solicitó una certificación detallada del expediente, incluyendo las personas investigadas, los hechos denunciados, el estado procesal y cualquier referencia a bienes familiares, dinero en efectivo o aspectos relacionados con la sucesión de Jorge Adorni. El objetivo es determinar si existe alguna conexión con los hechos patrimoniales que actualmente se investigan.

La fiscalía también requirió información al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre eventuales vínculos laborales de Manuel Adorni con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. El pedido alcanza además a Bettina Angeletti para el período 2018-2023 e incluye antecedentes administrativos, funciones desempeñadas y detalles sobre remuneraciones, honorarios o cualquier otro ingreso percibido.

Asimismo, se solicitó conocer si ambos presentaron declaraciones juradas patrimoniales durante esos años y, de ser así, obtener copias de la documentación correspondiente.

Otro de los focos de la investigación está puesto sobre una propiedad ubicada en el lote 380 del barrio privado Indio Cua Golf Club. El fiscal pidió los registros de ingreso y egreso al predio entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 con el fin de reconstruir posibles gastos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales y amoblamiento.

La medida busca identificar proveedores, contratistas, empresas de transporte y cualquier persona o firma que haya intervenido en trabajos o entregas realizadas en el inmueble. También se requirió información sobre ingresos de muebles, electrodomésticos y otros bienes.

En paralelo, la investigación incorporó pedidos de informes sobre Silvia Pais, madre del funcionario. La fiscalía solicitó a la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2 que confirme si reside allí, desde cuándo y bajo qué modalidad ocupa la propiedad. En caso de existir un contrato de alquiler, se requirió información sobre montos abonados, forma de pago y documentación respaldatoria.

Otro punto que despertó interés de los investigadores es una compra realizada en junio de 2025 en la firma Rosen The Store. Según consta en la documentación analizada, la operación fue facturada por más de $8,1 millones a nombre de Gisela Kocsis. La fiscalía busca determinar quién efectuó el pago, qué medio utilizó, cuál fue el domicilio de entrega y quién recibió los productos adquiridos.

Finalmente, la causa amplió su alcance hacia el universo de los activos digitales. En ese sentido, se solicitó a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento completo de las empresas, plataformas, exchanges y billeteras virtuales que operaron en Argentina desde 2012 hasta la actualidad. El requerimiento incluye antecedentes regulatorios y el marco normativo vigente en cada período para analizar eventuales operaciones vinculadas al expediente.

Las medidas fueron ordenadas con carácter urgente y deberán ser respondidas dentro de un plazo de 72 horas.