Una relación por Instagram terminó en una denuncia por extorsión y transferencias millonarias
La Justicia investiga a una mujer de 32 años acusada de amenazar a un hombre con difundir videos íntimos para exigirle dinero. La causa tendrá un plazo de seis meses de investigación.
Una relación que comenzó a través de las redes sociales terminó en una causa penal por presunta extorsión en San Juan. Una mujer de 32 años fue imputada luego de que un hombre denunciara amenazas vinculadas con la difusión de videos íntimos y exigencias económicas por millones de pesos.
La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Roberto Ginsberg. El juez de Garantías Diego Sanz dispuso la apertura de la investigación preparatoria por seis meses y estableció medidas de conducta para la acusada.
Cómo comenzó el vínculo
Según la denuncia, el contacto entre ambos se inició por Instagram a fines de abril. En un primer momento, el hombre habría realizado transferencias de dinero a modo de regalos, por una suma aproximada de $2 millones.
Posteriormente, un tercero se habría comunicado con él asegurando ser la pareja de la mujer. En ese contexto, el denunciante manifestó haber recibido amenazas de agresiones físicas y afirmó que transfirió otros $150.000 por temor.
Las presuntas amenazas y las exigencias de dinero
La investigación sostiene que, después de coordinar un encuentro en Mendoza, las exigencias económicas habrían continuado. Según la denuncia, la mujer le habría enviado una grabación íntima y exigido $2.500.000 para evitar presentarse en su domicilio.
El hombre habría recurrido a préstamos bancarios para reunir el dinero y realizar dos pagos. Sin embargo, posteriormente le habrían reclamado otros $2 millones y advertido que también se habían comunicado con su hija a través de las redes sociales.
La presentación judicial fue realizada el 24 de junio de 2026. En el marco de la causa, se efectuaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares de la imputada y de una prima que también habría sido mencionada en la denuncia.
Las pericias incorporadas al expediente habrían permitido identificar correos electrónicos intimidatorios y reconstruir movimientos de dinero.
Qué resolvió la Justicia
Durante la audiencia, el magistrado ordenó que la mujer se presente mensualmente en una comisaría y le prohibió acercarse o mantener contacto con el denunciante.
También se mencionó una denuncia de 2025 presentada por otro hombre, por una presunta modalidad similar. Ese expediente había sido archivado por falta de elementos.
La fiscalía tendrá seis meses para profundizar la investigación y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. La imputación no equivale a una condena y la responsabilidad penal deberá establecerse durante el proceso judicial.
Fuente: Diario Colón.
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