La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil obligará a San Juan a adaptar sus mecanismos de actuación y coordinación entre los organismos que intervienen en casos vinculados con adolescentes.
Ante este escenario, la Asesoría Letrada de Gobierno convocó a funcionarios y representantes de distintas instituciones para comenzar a delinear las medidas que deberán implementarse en la provincia.
La Ley 27.801 entrará plenamente en vigencia el 5 de septiembre y reemplazará el sistema tutelar que se aplica desde 1980. La nueva normativa establece un régimen de responsabilidad penal para jóvenes de entre 14 y 18 años cuando se encuentren involucrados en delitos previstos por el Código Penal.
Uno de los principales desafíos para San Juan será establecer un procedimiento provincial que permita aplicar la nueva legislación.
En ese sentido, la Corte de Justicia comunicó que prepara una acordada para determinar provisoriamente los primeros pasos que deberán seguirse hasta que la provincia cuente con un código procesal penal juvenil.
Participación de distintas áreas
La reunión realizada en la Asesoría Letrada de Gobierno reunió a autoridades relacionadas con la Justicia, Seguridad, Niñez y Adolescencia, además de representantes legislativos y especialistas en materia penal.
El encuentro fue encabezado por Alejandro Ferrari y contó con la participación de María Julia Camus, Damián Villavicencio, Fernando Castro, Juan de la Cruz Córdoba, Raquel Trincado, Daniel Molina, Facundo Rojas Clariá, Guillermo Baigorrí y Enrique Alejandro Delgado.
Durante la jornada se plantearon distintos aspectos que deberán ser contemplados para garantizar una implementación ordenada del nuevo régimen.
Uno de los puntos que quedó planteado es la necesidad de avanzar en un futuro código de procedimiento penal juvenil para la provincia. Para ello, se acordó continuar con las reuniones de trabajo y analizar diferentes alternativas.
La próxima instancia de discusión será convocada durante la semana próxima, aunque todavía no se estableció el día.
El desafío será lograr que los organismos involucrados tengan criterios comunes de actuación y que el nuevo sistema contemple tanto los derechos de los adolescentes como las necesidades vinculadas a la seguridad de la comunidad.
Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de alcanzar acuerdos entre las distintas áreas antes de que el nuevo régimen entre plenamente en funcionamiento.
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