Sobreseen a Funcionaria por Alquiler Ilegal de Cancha de Hockey en La Granja; Otros Tres Irán a Juicio

En un desarrollo reciente del caso sobre el alquiler irregular de la cancha de hockey en La Granja, Sandra Vilanova, supervisora del área del Ministerio de Educación, ha sido sobreseída. La fiscalía no encontró elementos de prueba que la comprometieran, resultando en su desvinculación de la causa que se dirige a un juicio oral.

Desvinculación de Vilanova Sandra Vilanova había sido acusada de incumplimiento de deberes como funcionaria pública por su supuesto papel en la supervisión del alquiler de la cancha de césped en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 20. Sin embargo, su defensa, encabezada por el abogado Agustín Idemi, argumentó que Vilanova desconocía las maniobras ilícitas. Tras una investigación, el fiscal Francisco Micheltorena solicitó su sobreseimiento, el cual fue concedido por la jueza de Garantías, Gema Guerrero.

Continuación del proceso para los demás imputados El caso, iniciado en agosto de 2022, seguirá su curso judicial para los otros tres imputados: Miguel Jofré, Mario Sanz y Daniel Samat. Estos están acusados de participar en un esquema de alquiler ilegal de la cancha de hockey, cobrando entre 700 y 2200 pesos por hora entre 2019 y 2021. Se sospecha que recaudaron aproximadamente 5 millones de pesos, supuestamente utilizados para beneficios personales.

Detalles de las acusaciones

• Miguel Jofré, subdirector del CEF Nº 20 durante el periodo en cuestión, enfrenta cargos de peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
• Mario Sanz, presidente de la cooperadora, es acusado de participación necesaria en los mismos delitos.
• Daniel Samat, exdirector del CEF Nº 20, está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Samat admitió conocer las irregularidades desde 2021, pero solo inició un sumario en 2022, después de que se presentara la denuncia penal.

El nuevo director del CEF Nº 20, Walter Vicentela, descubrió las irregularidades y presentó la denuncia en la justicia penal. El Ministerio Público continúa recolectando pruebas para consolidar las acusaciones y preparar la elevación del caso a juicio, convencidos de que se trataba de una maniobra ilícita y no de fondos destinados al mantenimiento del predio, como argumentan los acusados.

Este caso sigue bajo la atención pública, con la expectativa de que el juicio revele más detalles sobre la presunta defraudación millonaria en La Granja.