FRAUDE MILLONARIO DE COMBUSTIBLE: IMPUTADOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE TURISMO Y SEIS PLAYEROS
En una trama sorprendente de fraude que asciende a $5 millones, el empleado del Ministerio de Turismo, Matías López, junto con seis explayeros de una estación de servicio, enfrentan cargos por una sofisticada operación de desvío de combustible. La audiencia ante el juez de Garantías Gabriel Meglioli reveló detalles impactantes de la maniobra, que implicaba la facturación irregular de combustible a la cuenta oficial del organismo, mientras se redirigían las naftas a destinos desconocidos. Aunque se les otorgó la libertad, se impusieron medidas restrictivas a los acusados, mientras la fiscalía desglosa 36 casos de fraude. Los registros detallados y las grabaciones de cámaras emergen como piezas clave en la exposición de esta red delictiva.
En una audiencia ante el juez de Garantías Gabriel Meglioli, el empleado del Ministerio de Turismo, Matías López, y seis playeros de una estación de servicio fueron imputados por su presunta participación en un fraude millonario de combustible. La maniobra, que ahora está bajo investigación fiscal, involucra la facturación de combustible a la cuenta oficial del organismo, desviando luego las naftas a destinos desconocidos.
Los playeros involucrados, identificados como Walter Rojas Enrique, Hugo Alberto Pérez, José Gabriel Cabrera, Leandro Adrián Menéndez, Claudio Alejandro Díaz y Gabriel Antonio Rosales Tulián, todos exempleados de la estación de servicio en cuestión, fueron despedidos en relación con estos hechos.
Las acusaciones varían entre los siete imputados, con cargos que oscilan entre cuatro y siete delitos cada uno. En total, se investigan 36 casos de fraude, según fuentes judiciales.
El juez resolvió imputar a los acusados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en calidad de coautores. Aunque se les otorgó la libertad, deberán cumplir con medidas coercitivas, como no entorpecer la investigación y obtener autorización para salir de la provincia. El plazo de la investigación Penal Preparatoria se fijó en 10 meses.
La fiscalía detalló diversas maniobras fraudulentas, como cargar 50 litros a un vehículo y facturar 80 litros, o generar un cupón por una carga inexistente de 21,000 pesos a una camioneta que no aparece en las cámaras de seguridad. Sin embargo, los registros detallados, incluyendo fechas, horarios, identificación de vehículos y grabaciones de las cámaras de la playa de carga, fueron fundamentales para exponer el fraude.
El caso destaca la importancia de la documentación y la tecnología en la resolución de crímenes financieros, revelando una trama compleja que ahora enfrenta un exhaustivo proceso judicial.
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