INVESTIGACIÓN FEDERAL REVELA PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO: FISCAL SOLICITA DATOS DE BENEFICIARIOS EN TODO EL PAÍS

En una nueva acción judicial, el fiscal federal Guillermo Marijuan ha solicitado información detallada sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en todas las jurisdicciones argentinas, incluida la provincia de San Juan. El objetivo es investigar presuntas irregularidades en la asignación de este beneficio destinado a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica.

Marijuan envió un oficio a las 24 jurisdicciones del país, instándolas a proporcionar de manera inmediata la nómina completa de empleados en relación de dependencia, temporarios, contratados y/o con cualquier vínculo laboral para realizar un entrecruzamiento con el padrón de beneficiarios del programa social.

La investigación preliminar se centra en la sospecha de que algunos empleados en diversas regiones del país están recibiendo el Potenciar Trabajo de manera irregular, yendo en contra del propósito original del programa. Según Marijuan, el beneficio debería ser exclusivo para aquellos en «alto riesgo o estado de vulnerabilidad».

En un intento por abordar posibles abusos del sistema, el fiscal ha solicitado a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que dé de baja a casi 160 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo. Esta medida se basa en la detección de 159,919 titulares del programa que, desde 2020, realizaron un total de 812,906 movimientos migratorios, revelando una capacidad de ahorro incompatible con su supuesta vulnerabilidad.

Marijuan sostiene que existe un «absoluto descontrol» por parte del Estado, especialmente del Ministerio de Desarrollo Social, en la gestión de los planes sociales. Según la investigación, la erogación mensual por parte del Estado para estos beneficiarios irregulares supera los 10 mil millones de pesos, equivalente a unos 27 millones de dólares cada treinta días.

El fiscal también ha cuestionado la asignación mensual del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil a empleados de gobiernos provinciales y municipales, argumentando que esto constituye una incompatibilidad con el propósito del programa Potenciar Trabajo.

Con esta iniciativa, el fiscal Marijuan busca arrojar luz sobre posibles irregularidades en la asignación de recursos destinados a los más vulnerables y determinar la verdadera magnitud de los empleados que reciben el Potenciar Trabajo de manera indebida en todo el país.