Fuerte cruce en Tribunales por la ordenanza que buscó frenar el juicio al intendente de Angaco

La situación judicial del intendente de Angaco, José Castro, sumó un nuevo capítulo este miércoles en Tribunales. Durante una audiencia clave, la fiscalía solicitó la imputación formal del jefe comunal y de tres concejales por la ordenanza municipal que intentó frenar el juicio que enfrenta por presunta malversación de fondos públicos.

La audiencia estuvo marcada por fuertes cruces entre el Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores, en medio de un intenso debate sobre la legalidad del mecanismo impulsado desde el municipio para intentar detener el proceso penal. Tras escuchar a las partes, el juez Gerardo Fernández Caussi resolvió dictar un cuarto intermedio de tres días hábiles antes de emitir una decisión, por lo que la definición sobre la imputación quedó momentáneamente en suspenso.

Desde la fiscalía buscan avanzar con una investigación penal preparatoria contra Castro y los concejales que aprobaron la ordenanza. En el caso del intendente, se pretende imputarlo por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

En tanto, los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López podrían ser acusados de abuso de autoridad y encubrimiento por haber respaldado la norma sancionada por el Concejo Deliberante.

Durante la audiencia, el fiscal Francisco Nicolía calificó el caso como “un hecho de gravedad institucional” y solicitó un plazo de seis meses para profundizar la investigación, reunir testimonios y sumar pruebas que complementen la documentación existente.

El conflicto judicial se originó cuando, antes del inicio del juicio en su contra, Castro promovió un proyecto de conciliación ante el Concejo Deliberante. La propuesta planteaba la donación de cinco millones de pesos a Cáritas de Angaco como reparación del presunto daño, con el objetivo de suspender el proceso penal.

La iniciativa fue tratada en una sesión extraordinaria y aprobada por mayoría simple con los votos de De los Ríos, Paredes y López. El concejal Andrés Olivera votó en contra, mientras que Gloria Herrera se abstuvo.

Con esa votación, el acuerdo quedó plasmado en una ordenanza municipal que luego fue presentada ante la Justicia por la defensa del intendente con la intención de extinguir la acción penal y evitar el juicio.

Durante el debate judicial, el abogado defensor de Castro, Marcelo Fernández, cuestionó la postura de la fiscalía y aseguró que el acuerdo surgió por recomendación de la defensa. Además, sostuvo que la fiscal de Cámara Silvana Gerarduzzi no debió presentar una denuncia penal, sino expresar su posición directamente ante el tribunal que debe llevar adelante el juicio.

También argumentó que la discusión sobre la validez de la ordenanza debería tramitarse en el fuero contencioso administrativo y no en el penal, por lo que solicitó la prejudicialidad del caso. Es decir, pidió suspender la investigación hasta que el tribunal del debate resuelva si acepta o no el acuerdo en una audiencia prevista para el 20 de marzo.

A ese planteo se sumó el abogado Lionel García, representante legal de los concejales involucrados. Sin embargo, la fiscalía se opuso y sostuvo que se trata de un posible hecho penal y que ambos procesos pueden avanzar de manera independiente.

La nueva causa se originó a partir de una denuncia presentada por Gerarduzzi, desde donde se advirtió que la ordenanza podría constituir una maniobra institucional para interferir en un proceso penal en curso. Según el Ministerio Público Fiscal, los delitos contra la administración pública no admiten este tipo de acuerdos, ya que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento del Estado.

Además, también se cuestiona la legalidad de la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en la que se aprobó la norma. De acuerdo con la investigación, este tipo de convocatorias deberían realizarse únicamente por motivos urgentes o vinculados a obras públicas, y no para tratar asuntos relacionados con procesos judiciales.

En ese contexto, no se descarta que la ordenanza pueda ser declarada inconstitucional.

El expediente principal contra el intendente se remonta a una denuncia presentada en 2019 por un exconcejal de su propio espacio político. En esa causa se lo acusa de haber utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en el departamento Chimbas, lo que derivó en su imputación por presunta malversación de caudales públicos.

El juicio oral estaba previsto para el 23 de febrero de 2026 ante un tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe. Sin embargo, el debate quedó suspendido hasta que se resuelva si el acuerdo aprobado por el Concejo Deliberante tiene validez jurídica.

El pasado 6 de marzo, tras escuchar a las partes, el tribunal decidió postergar la definición y fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo. Mientras tanto, la nueva investigación penal mantiene abierta otra causa que podría complicar aún más el panorama judicial y político del intendente de Angaco y de los concejales que impulsaron la controvertida ordenanza.